Congreso de Michoacán recibirá iniciativa para prohibir terapias de conversión y fortalecer derechos LGBTIQ+

Morelia, Michoacán | 14 de abril de 2026.

El diputado Hugo Rangel informó que esta semana presentará ante el pleno del Congreso del Estado una iniciativa legislativa diseñada para tipificar delitos de discriminación y violencia motivados por orientación sexual e identidad de género. El proyecto, construido bajo un esquema de parlamento abierto con colectivos de la comunidad LGBTIQ+, pone especial énfasis en la prohibición de los “Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género” (ECOSIG), conocidos como terapias de conversión. El legislador destacó que estas acciones buscan garantizar derechos fundamentales para un sector que históricamente ha enfrentado marginación y exclusión.

La propuesta técnica contempla sanciones penales de dos a seis años de prisión y multas de hasta dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). No obstante, las penas podrían duplicarse —alcanzando hasta 12 años de cárcel— cuando las conductas se cometan contra menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad. Estas medidas responden a estadísticas de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género, que señalan que una parte considerable de la población trans y no heterosexual ha sido obligada a someterse a prácticas que intentan modificar su identidad, lo que representa una vulneración grave a sus derechos humanos.

Además de las sanciones punitivas, las mesas de trabajo con organizaciones civiles integraron la propuesta de un Plan de Aceptación Familiar como política pública estatal. Este mecanismo tiene como objetivo brindar acompañamiento y herramientas a los núcleos familiares de jóvenes de la diversidad sexo-genérica, reconociendo que el respaldo familiar es un factor determinante para el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia. Con el respaldo de diversos colectivos, la iniciativa transita hacia su discusión formal en el pleno, buscando consolidar un marco jurídico que garantice la seguridad y la dignidad de la comunidad en la entidad.

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