Congreso del Estado propone crear un sistema de justicia cívica especializada para adolescentes

Morelia, Michoacán | 22 de mayo de 2026.

El diputado Alfredo Anaya presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán con el propósito de establecer un procedimiento especializado para adolescentes que cometan faltas administrativas. La propuesta plantea la incorporación de un nuevo capítulo legal titulado “Del Procedimiento de Justicia Cívica y Mediación Administrativa para Adolescentes”, bajo un enfoque que el legislador describió como preventivo, formativo y restaurativo, orientado a evitar la criminalización de este sector de la población.

De acuerdo con el proyecto legislativo, cuando un menor incurra en una infracción administrativa, las autoridades correspondientes deberán dar prioridad a la aplicación de medidas educativas y de reintegración social, salvaguardando el interés superior de la niñez. La iniciativa estipula que los adolescentes contarán con derecho a ser escuchados, recibir asesoría jurídica y estar acompañados por sus padres o tutores en audiencias que se regirán por los principios de oralidad, transparencia y celeridad. Asimismo, se prohíbe el uso de sanciones privativas de la libertad como medida principal y la retención de los menores en áreas destinadas a adultos.

El diputado Alfredo Anaya declaró que el objetivo de la reforma es apostar por la prevención y el acompañamiento en lugar de la sanción punitiva, buscando ofrecer herramientas de reintegración para evitar que las faltas administrativas escalen a conductas de mayor gravedad. Para ello, los jueces cívicos dispondrán de la facultad de derivar los casos hacia mecanismos de mediación comunitaria orientados a la reparación del daño.

Finalmente, la propuesta contempla el fortalecimiento de los esquemas de seguimiento institucional mediante la adopción de bases de datos biométricas en las direcciones de Justicia Cívica de la entidad. Este sistema tecnológico tiene como finalidad mejorar la coordinación con dependencias como la Fiscalía General del Estado y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para la identificación de tutores legales y el monitoreo de los procesos de inserción social de los menores.

MiZitácuaro.