Diputado Juan Carlos Barragán Informa sobre Nueva Obligación Constitucional de Proteger a los Animales en Michoacán

Morelia, Michoacán a 17 de diciembre de 2025.

El diputado local Juan Carlos Barragán Vélez informó que, tras la aprobación de la reforma constitucional en materia ambiental, queda establecida en la Constitución de Michoacán la prohibición del maltrato y la crueldad animal. El legislador señaló que este cambio normativo impone obligaciones directas al Estado, a los municipios y a los gobiernos comunales para garantizar el trato digno y la protección de los animales.

Barragán Vélez, quien fue uno de los promotores de elevar la protección animal a rango constitucional, detalló que el nuevo mandato abarca tanto a animales domésticos como silvestres. Según el diputado, la reforma traslada el bienestar animal de ser considerado un tema de legislación secundaria a una prioridad constitucional, lo que mandata a las autoridades a asegurar la conservación de la vida e integridad de los ejemplares bajo su jurisdicción.

El legislador destacó que el siguiente paso tras esta modificación será la armonización de las leyes secundarias y la supervisión de que los ayuntamientos cumplan con sus responsabilidades en la materia. Subrayó que la reforma permitirá implementar políticas públicas más estrictas contra el abandono y la violencia hacia los animales de compañía, así como fortalecer las sanciones efectivas en casos de crueldad documentada.

La elevación de la protección animal a rango constitucional significa que el bienestar de los animales se convierte en un principio rector del ordenamiento jurídico estatal. En la jerarquía de leyes, esto otorga a las autoridades herramientas legales más robustas para intervenir en casos de maltrato, ya que la protección deja de ser una opción administrativa para convertirse en un deber del Estado. Históricamente, este tipo de reformas en México han facilitado la creación de fiscalías especializadas y la asignación de presupuestos específicos para centros de control animal y santuarios de fauna silvestre, además de obligar a los municipios a actualizar sus reglamentos de justicia cívica para incluir sanciones proporcionales a la gravedad del daño causado a los animales.

MiZitácuaro.