Diputado Octavio Ocampo Propone Reforma para Implementar Protocolos Obligatorios Contra el Acoso Sexual en Entidades Públicas de Michoacán

Morelia, Michoacán; 10 de diciembre de 2025.

El diputado Octavio Ocampo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una iniciativa de ley para reformar seis ordenamientos legales estatales con el objetivo de hacer obligatorio que todos los poderes públicos, organismos autónomos, ayuntamientos y entidades paraestatales de Michoacán establezcan protocolos de prevención y atención del acoso y hostigamiento sexual por razones de género.

La propuesta busca modificar la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, así como las leyes orgánicas que rigen la Administración Pública, los Ayuntamientos, el Congreso, el Poder Judicial y las Entidades Paraestatales del Estado. La reforma establecería la obligación legal de crear, aplicar y actualizar un Protocolo homologado en cada institución, según el comunicado (1095/2025).

Ocampo afirmó que la reforma es necesaria para garantizar que “cada espacio público en Michoacán sea seguro, justo y con cero tolerancia a la violencia de género”, al considerar que no existen “mecanismos reales para protegerlas” a pesar de las leyes existentes.

El legislador citó cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para sustentar la urgencia de la reforma. Según la dependencia, en 2024, Michoacán registró más de 14 mil carpetas de investigación por violencia familiar y cerca de 400 por acoso u hostigamiento sexual, lo que indica una tendencia al alza en dichos delitos.

La iniciativa subraya que, actualmente, las dependencias gubernamentales “carecen de protocolos claros, eficientes y con sanciones internas”, lo que ha contribuido a la “impunidad y la normalización de prácticas de violencia en los espacios laborales públicos”.

De ser aprobada, el protocolo requerido deberá incluir:

• Definiciones precisas y principios rectores de confidencialidad, no revictimización y debida diligencia.
• Mecanismos confidenciales de denuncia.
• Medidas cautelares inmediatas.
• Sanciones administrativas.
• Estrategias de difusión y capacitación permanente.
  

La propuesta busca armonizar el marco jurídico michoacano con instrumentos internacionales como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), comprometiendo al Estado a actuar con debida diligencia y perspectiva de género.

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