Apoderados de Oceanografía

El abogado Vicente Corta, a nombre propio y de Raúl Fernández Briseño, como asociados de la representación en México de la firma White & Case, remitió a este espacio una carta hace cuatro días, para aportar “información detallada y veraz” sobre el caso Oceanografía.

“No hemos sido representantes legales del señor Martín Díaz o de algún otro funcionario de Oceanografía en el caso Banamex, ni en ninguno otro. Tampoco fuimos designados ni actuamos como secretarios de OSA ni con cargo alguno en su Consejo de Administración”, precisó.

En este espacio no se hizo tal afirmación. La información a la que se tuvo acceso incluye el acta de una asamblea ordinaria de los accionistas de Oceanografía, celebrada el 18 de noviembre del 2010, en la que Fernández Briseño actuó como secretario y otros dos abogados adscritos a White & Case —Hernán González Estrada y Carlos Enrique Mainero Ruiz— fungieron como escrutadores.

El primer punto de la orden del día era la propuesta de “otorgamiento de ciertos poderes”, formulada por el presidente de la firma carmelita, Amado Yáñez Osuna, a favor de 25 litigantes especializados en diversas ramas, entre los que se contaban al menos cinco asociados al despacho de Corta y Fernández: los abogados Ariel Ramos Macín, Federico Álvarez González y Fernando Joaquín Vázquez Chelius Solís.

Esas facultades abarcaban un poder general para pleitos y cobranzas “tan amplio como en derecho se requiera”, que los apoderados de Oceanografía —entre los que estaban otras firmas como los regiomontanos Guerra González, además de White & Case— podrían hacer valer en las múltiples negociaciones que entonces estaban en curso, entre ellas la compra del súper buque OSA Goliath, y otras de siete embarcaciones.

“Consistente con las garantías de servicio y calidad que caracterizan a este despacho, cada una es estas operaciones fue realizada en estricto apego a la legalidad y no han presentado problema alguno”, explicó Corta, “la relación de White & Case con Oceanografía y los señores Amado Yáñez y Martín Díaz se dio por concluida cuando la SFP publicó la inhabilitación de dicha empresa para contratar con entidades del gobierno federal y de los gobiernos estatales”.

Esos mismos documentos establecen las cantidades erogadas por Oceanografía por los servicios profesionales “en relación con la Secretaría del Consejo” devengados por los abogados de White & Case durante los meses de julio, agosto y septiembre del 2013, donde hay referencias a las horas invertidas en conferencias telefónicas con Yáñez Osuna y Martín Díaz.

La factura de febrero del 2014 contempla la asesoría brindada a Díaz Álvarez respecto de las primeras notas sobre las sanciones impuestas por Petróleos Mexicanos a la naviera carmelita, aparecidas en Milenio Diario, la tercera semana de enero, y una junta en el cuartel general de GGM, la empresa propiedad de los hermanos Rodríguez Borgio.

Esa información está en los expedientes judiciales y abarca otros asuntos que el sigilo profesional impide abordar a los abogados de White & Case. Más allá de deslindes y precisiones, la evidencia disponible muestra que desde hace un año, los directivos de Oceanografía trataban de hacer frente al problema con Banamex. Y lo que está cubierto por un manto de opacidad es el mecanismo mediante el cual Banamex afrontó el riesgo de incobrabilidad de los créditos concedidos a Oceanografía. Citigroup estaba buscando aumentar sus préstamos en México, específicamente en el sector de petróleo.

¿Qué advertencia ignoraron al extender los préstamos? ¿Por qué debería Banamex haber prestado atención a estas señales de advertencia? ¿Cómo pueden los bancos verificar la autenticidad de los documentos que una empresa ofrece en apoyo de una solicitud de préstamo? El desfalco a Citigroup, presuntamente instrumentado por los directivos de la naviera carmelita, habría contado con la complicidad de una docena de mandos medios de Banamex.

Al margen de las indagatorias que actualmente realizan las autoridades bancarias y judiciales, abogados del grupo financiero realizan “trabajo de campo”, para deslindar responsabilidades en el fraude que significó una merma de 235 millones de dólares en sus ingresos netos del 2013. A partir de las conclusiones de esa brigada especial, Citigroup daría vista a Pemex y a la PGR si encontraran evidencia sólida de conductas criminales, aunque el daño reputacional es severo.

EFECTOS SECUNDARIOS

URGENCIA. Mientras una nueva y peligrosa oleada antiinmigrantes recorre el Río Bravo, prevalece la inopia de la diplomacia mexicana, que también se ha apoderado de otros sectores públicos y privados, de acuerdo con la senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta.

Para la legisladora panista, la solución a este fenómeno es un programa de desarrollo regional que no pierda de vista otras aristas del problema. La iniciativa que preparó la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados disparó molestias entre líderes de ONG y representantes de organismos internacionales, por enfatizar su carácter de crisis humanitaria con organismos como la Cruz Roja Internacional, mientras que la labor de la red consular y la oficina de atención a los mexicanos en el exterior quedan relegadas.

Por Alberto Aguirre / Columna /elarsenal.net