Caso Escobar ¿y Osorio por qué?

Es discutible la cavilación acerca de que la petición de orden de captura contra Arturo Escobar por delitos electorales fue un golpe a su ya exjefe, el secretario de Gobernación, justo un día después de que por segunda ocasión encabeza las encuestas para ser Presidente en 2018.

¿Por qué sería necesariamente una puñalada a Miguel Osorio? Para empezar, él no nombró a Escobar como subsecretario de Prevención del Delito. La designación provino de Los Pinos. Y, para continuar, quien menos provecho sacaba a la presencia de Escobar en Gobernación era justamente Osorio.

Porque, aunque el nombramiento llegó de la Presidencia el 9 de septiembre, fue Osorio quien desde entonces pagó los costos de la antipatía furibunda despertada por Escobar en un sector importante para la gobernabilidad del país que el propio Osorio debe garantizar: las organizaciones sociales.

¿Por qué no intentar otra reflexión? Por ejemplo, que la salida de Escobar quita un lastre a Osorio en una Subsecretaría desde la cual le resultaba muy difícil impulsar cualquier programa para prevenir el delito en el país… y que ahora puede relanzar atrayendo a las organizaciones sociales molestas.

Cierta o no, ante Osorio aparecía siempre una ecuación básica: si Escobar transgredió la Constitución y la ley al firmar tarjetas monetarias repartidas a ciudadanos por el PVEM en el proceso electoral intermedio ¿cómo confiar en él para que prevenga la violación de la ley?

Sobre todo porque el Programa Nacional de Prevención del Delito maneja más de dos mil millones de pesos, además de 140 mil millones en interacción con varias secretarías, y recursos facilitados por la Unión Europea, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, la Iniciativa Mérida…

Hace apenas dos semanas, una veintena de organizaciones de la sociedad civil pidió a los senadores el respaldo para exigir la destitución de Escobar, por considerar que no tenía calidad moral para ocupar el cargo. ¿Resultaba cómoda para Osorio esta situación? Pues no. Tampoco a Los Pinos.

Pero, ya entrados en elucubraciones, a quien pegaría el caso Escobar es al PRI: su principal aliado es el partido que operó Escobar hasta hace poco y, ahora, el tricolor deberá resolver el agravio para mantenerse juntos en el cruce de su gran aduana: 13 elecciones para gobernador el próximo año.

La necesidad de alianza persiste, aunque tampoco se olvide que el Verde es, sobre todo, una efectiva maquinaria de mercadotecnia política, pero carece de estructura territorial, salvo en Chiapas, donde en las pasadas intermedias ganó 59 de 122 municipios.

Así que, si existiesen daños colaterales por el caso Escobar, éstos recaerían más bien en el PRI, por su imperioso reto electoral de 2016.

Mientras que Gobernación y Los Pinos se quitan un peso muerto de encima.

POR RUBÉN CORTÉS / COLUMNAS, MESA REVUELTA / elarsenal.net