¿Dónde están?

Ya han pasado 2 años de la desaparición y muerte de los estudiantes de Ayotzinapa, resaltamos muerte, porque en dos años no han dado señales de vida, esto lo saben los propios padres de los desaparecidos.

Ya no es un secreto que la desaparición de estos estudiantes, se debió a la disputa de dos carteles de la droga en Tixtla, incluso dentro de la propia Normal.

Han pasado dos años de la desgracia para 43 familias, también dos años de impunidad para esta Normal de Ayotzinapa, dos años donde sus alumnos han bloqueado carreteras que en el código penal se transcribe como un delito el cierre o obstrucción a las vías de comunicación.

Dos años donde esos estudiantes que visualizan ser profesores, se han dedicado a la toma de casetas donde reciben por la cuota voluntaria más de 700 mil pesos por día. Qué decir del robo de camiones de refrescos, pan o todo lo relacionado con las llamadas empresas trasnacionales.

Qué decir de los múltiples enfrentamientos con las autoridades y los ataques a instituciones públicas, a los daños en los inmuebles e inmobiliario.

Hasta el momento las investigaciones siguen entorno de la desaparición de los estudiantes; también sigue el subsidio a los padres de los desaparecidos que han dejado de trabajar para seguir en su lucha.

Las investigaciones se dirigen al tema del crimen organizado, un tema espinoso que en distintas ocasiones han desaprobado los padres de los estudiantes, para ellos no es, ni será fácil aceptar que algunos de sus hijos estuvieron involucrados con alguno de los carteles que se disputan Iguala.

La sobra del crimen organizado cada vez se hace más presente, una sombra donde abraza a la Normal de Ayotzinapa que está vedada a las autoridades, una Normal donde se guardan los camiones que han sido robados por los alumnos de esta institución pública.

Han pasado dos años de la desaparición de 43 estudiantes, dos años de licencia a diversas organizaciones sociales para robar, dañar y tener la impunidad para hacer lo que les plazca bajo la anuencia del gobierno federal y estatal.

Quizá los miles de padres de personas desaparecidas deberían crear sus organizaciones sociales para robar, dañar y sacar recursos económicos bajo el amparo institucional de la Impunidad.

Al final como hace dos años la pregunta sigue siendo la misma ¿Dónde están?

RAÚL FLORES MARTÍNEZ  /  COLUMNAS, INFORMACIÓN FILTRADA  / elarsenal.net