¿Elba Esther Cassez?

Tras de seis semanas de pesquisas –que abarcaron tareas de inteligencia y un estudio minucioso de los movimientos bancarios y bursátiles del SNTE y Nueva Alianza– el entonces subprocurador Alfredo Castillo y Alberto Baz Baz, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda estaban listos para ejecutar el operativo que derivaría en la aprehensión de Elba Esther Gordillo.

Apenas iniciaba el mes de febrero. El equipo de agentes de la Policía Ministerial que aseguraría a la presidenta nacional del SNTE había sido cuidadosamente seleccionado. La integración de la averiguación previa tardó un poco más de lo esperado y fue hasta el 25 de febrero que el juez Alejandro Caballero Vertiz obsequió la orden de aprehensión.

El convoy que trasladó a los ministeriales al aeropuerto internacional de Toluca incluía vehículos artillados y dos camarógrafos. El ministerio público federal radicado en la capital mexiquense no daba crédito, cuando vio a la maestra, a bordo del jet que acababan de asegurar. Antes, solo había recibido la instrucción de encabezar el operativo, “en contra de alguien muy pesado”.

Hubo un tiempo –hace no mucho, por cierto– en el que el ahora titular de la Procuraduría Federal del Consumidor presumía de esa acción efectiva. Su equipo le reportó que en una primera instancia, Gordillo Morales reaccionó con un desplante. “¡No me griten!”, le dijo a los uniformados, “yo no soy como ustedes. ¡Yo si fui a la escuela!”.

La lideresa magisterial fue trasladada a México en un helicóptero, después de la hollywoodesca intercepción de la aeronave que la trajo desde San Diego. De las instalaciones de la SEIDO, la llevaron al reclusorio Oriente, con el mal tino de que en esas instalaciones no hay una zona para mujeres. Finalmente quedó en Tepepan.

Además de atender los requerimientos del juez Caballero Vértiz, sus abogados acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para interponer una queja por las vejaciones que habría sufrido Gordillo Morales durante su detención y en las primeras horas de su reclusión.

Esa queja –pudo confirmarse anoche– fue ratificada y sigue su curso. Si se comprobara que el equipo de Castillo violó las garantías individuales de la Maestra, la posibilidad de reponer el procedimiento en su contra quedaría completamente cancelada.

La PGR impugnará la sentencia dictada ayer por Francisco Javier Sarabia Ascencio, juez cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, que otorgó la protección de la justicia a Gordillo Morales, José Manuel Díaz Flores e Isaías Gallardo Chávez, los dos coacusados del delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las “deficiencias técnicas en la integración de la averiguación previa”, atribuibles a la PGR, y las violaciones a las garantías individuales que habría sufrido Gordillo Morales fueron los argumentos principales que esgrimió su defensa en la audiencia constitucional, de junio pasado.

El amparo no ordena la libertad de los procesados ni se pronuncia sobre la culpabilidad o inocencia de los mismos. Si la apelación de la PGR es atendida por la segunda instancia, el caso de Elba Esther Gordillo tendrá que ser resuelto por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La familia de la Maestra confía en que antes de que concluya este año, esta historia escriba su capítulo final. Para entonces –suponen– la insurgencia magisterial para rechazar la reforma educativa será un viejo recuerdo. ¿Será?

EFECTOS SECUNDARIOS

CONTRASTE. Después de cuatro semanas de movilizaciones en contra de la reforma educativa, los maestros de Quintana Roo decidieron regresar a las aulas y reanudar el ciclo escolar. Esa buena noticia, sin embargo, ha despertado suspicacias y comentarios viperinos entre los gobernadores, sobre todo entre los priistas, quienes creen que hubo “fingimientos” en este conflicto y creen que el mandatario de aquella entidad, Roberto Borge Angulo, se excedió en las concesiones que hizo a las bases magisteriales. Los críticos (¿o envidiosos?) observan que se violaría la nueva Ley Federal del Servicio Docente. Borge respondió lacónico: “Quintana Roo no viola la nueva Ley Federal de Educación con la firma del acuerdo; Ningún acuerdo puede ir por encima de la Ley Federal, hoy vigente y el gobernador y su administración, son respetuosos de la legalidad”.

FESTEJOS. Está en México José Luis Manzanares Japón, CEO de Ayesa, empresa de ingeniería líder en España hace 40 años. Está para celebrar su 10 Aniversario en México. Han participado en importantes proyectos de infraestructura, como la planta de tratamiento de agua en Atotonilco y la línea 12 del Metro del DF. Ayesa tiene una basta experiencia en movilidad, agua, tecnologías de la información, temas fundamentales para hacer de México una plataforma logística, como pretende la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Presidente Peña Nieto. Esta noche conmemoran su aniversario en el MIDE acompañado de empresarios mexicanos y el Embajador de España en México.

Por: Alberto Aguirre M. / elarsenal.net