“Gazmoñería de la izquierda”

La debilidad de la izquierda doméstica es ética y moral. En lenguaje coloquial, quiere las leyes en los bueyes del compadre. En lenguaje formal, es incongruente, lo cual le impide entablar algún debate serio. Peor, lo cancela porque sólo grita, ofende…

Ahora, sus grupos parlamentarios, con la amenaza de toma de tribunas, obligaron a parar en San Lázaro la votación de la nueva Ley General de Aguas para garantizar el acceso de todo mexicano al agua potable de calidad y para diseñar nuevas formas de administrar este servicio.

AMLO llamó a los suyos a tomar la tribuna y hacer huelga para evitar que “se privatice el agua” porque “es ya mucha la avaricia” y “con esta nueva ley terminarían de saquear a México”, así como “Peña está reprobado y la gente que votó por él está arrepentida”.

Un cantinfleo demoniaco sin un solo argumento para ocultar que la fracción de su partido presentó, mientras, una iniciativa para entregar concesiones de agua a particulares: “Serían no transferibles y ajustarse anualmente según la disponibilidad real, determinado por especialistas sin conflicto de interés”.

Su encargado de presentarla, Pedro Moctezuma Barragán, admite que en la propuesta de AMLO entra la inversión privada, “pero no en una dinámica del uso del agua para el negocio, sino para atender las necesidades de la población”. Bueno, eso mismo dice la iniciativa del PRI-PAN-PVEM.

Sucedió igual a Cuauhtémoc Cárdenas. Se oponía a que en la reforma energética el gobierno asumiera parte de los pasivos laborales y pensiones de Pemex y CFE… y él mismo en 2012 se pronunció a favor de que el gobierno asumiera parte de los pasivos laborales y pensiones de Pemex y CFE.

Está en su página www.ccardenass.org (30 de abril de 2012): “Como parte de los cambios a llevar a cabo, el gobierno federal debiera asumir el pasivo laboral de Pemex, y no seguir desviando a otros fines, como ha sucedido por décadas, los fondos que debieran integrarlo…”

Le pasó lo mismo a la vicecoordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, quien asegura que la actual administración quiere “criminalizar la protesta social para justificar la acción policiaca represiva e indiscriminada contra los ciudadanos”.

En cambio, el domingo pasado exigió a todos los gobiernos respetar las protestas de los ciudadanos en su contra, “pero no en Venezuela porque estamos en total respaldo en defensa del presidente Maduro y no queremos pasos atrás”.

Y defendió que Nicolás Maduro esté facultado para dictar o reformar leyes referidas a la libertad, la igualdad y la justicia, y que Venezuela viva un estado de excepción, sin libertades ni garantías mínimas, pudiendo encarcelar por cualquier motivo a cualquier persona.

Es eso lo que impide crecer a la izquierda: la gazmoñería.

POR RUBÉN CORTÉS / elarsenal.net