“Un millón de dólares por Ayotzinapa… y más”

Al doloroso costo humano por el asesinato de 43 estudiantes, al caso Iguala siguió una derrama de dinero, pese a que están presos 104 autores intelectuales y materiales. Por ejemplo, el gobierno mexicano paga un millón de dólares a expertos de la CIDH para que… lo investiguen.

Y una cantidad indeterminada de dólares, una flotilla de camionetas y dos helicópteros al equipo de forenses argentinos, también para que… lo investiguen, aunque sólo sepan de antropología, criminalística y genética; nada de balística y otras 23 especialidades relacionadas con la indagatoria.

Los expertos y los peritos participan en la pesquisa a petición de los familiares, quienes por cierto, tampoco se limitan en gastos; mientras unos denuncian el crimen en Europa, otros lo hacen en Estados Unidos o el DF. Ya es raro que se encuentren en sus casas de Guerrero.

Además del ex alcalde perredista de Iguala José Luis Abarca, su esposa y los 102 policías municipales y narcotraficantes presos, la investigación ha sido tan sólida que integró 487 peritajes en 26 especialidades. Sin embargo, la CIDH, los peritos y los familiares insisten en abrir más frentes al caso.

Es algo que se entiende, no únicamente desde el lado de la justicia, sino también del otro: del lucro con las víctimas, a costa de quienes ya hay muchísima gente cobrando, viajando, haciendo carreras políticas, apareciendo en medios.

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, asegura que el millón de dólares que desembolsa el gobierno de Enrique Peña a la CIDH para que lo investigue puede aumentar, pues “ello dependerá del tiempo que dure el trabajo de los especialistas”.

Bueno, pues así, lo más seguro es que “el trabajo de los especialistas” nunca acabe: esos expertos y quienes también se benefician de esos recursos, van a estirar la liga todo lo que puedan para no dejar de salpicarse del millón, o más, de dólares.

Sin embargo, lo que se desconoce es la procedencia del dinero con el cual Felipe de la Cruz, un líder de la vandálica Ceteg que es vocero de los padres de familia, se paga costosos viajes a Ginebra, Washington, Nueva York, Texas, Chicago…

Según De la Cruz, su financiamiento es fruto de una cooperación de los padres, pero éstos son personas cuyos escasos recursos no alcanzan para tanto: en todo caso no para que su representante dé la vuelta al mundo y labre una carrera política.

“No vamos a aceptar la versión oficial”, insiste De la Cruz. Palabras más, palabras menos, lo mismo dicen peritos, expertos, todos los que están viviendo del caso Iguala y jamás condenan a los 104 detenidos. Condenan al gobierno.

Que paga millones para que lo condenen.

   POR RUBÉN CORTÉS   /    elarsenal.net