Carlos Torres Piña: Las Cifras e Hitos de su Trabajo en la Política Interna de Michoacán

Morelia, Michoacán. 7 de agosto del 2026— Carlos Torres Piña asumió por primera vez la titularidad de la Secretaría de Gobierno de Michoacán al inicio de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en octubre de 2021. Tras separarse del cargo en 2023, retornó a la dependencia el 23 de junio de 2024 con la consigna de coordinar acciones con los municipios, los poderes públicos y las distintas fuerzas políticas del estado.  

Durante dicho periodo, la Secretaría de Gobierno atendió la agenda de política interna, la cual abarca demandas de sectores magisteriales, grupos normalistas, sindicatos, transportistas, municipios, organizaciones sociales y comunidades indígenas. Según reportes de la administración estatal, en esa etapa se registró una reducción cercana al 67 por ciento en protestas y manifestaciones en comparación con los primeros registros del gobierno.  

En relación con los derechos de los pueblos originarios, la administración informó que al inicio del sexenio 11 comunidades indígenas ejercían su presupuesto de manera directa, cifra que se incrementó a 40 para noviembre de 2024. Estos procesos requirieron consultas comunitarias, coordinación con órganos electorales y ajustes administrativos. En 2023, se reportó que comunidades pertenecientes a los pueblos purépecha, nahua, mazahua y otomí accedieron a esquemas de autogobierno. Asimismo, en encuentros sobre autogobierno se documentó que algunas comunidades reportaron ahorros de hasta 60 por ciento en la ejecución de obras locales.  

En el ámbito electoral, el 11 de septiembre de 2023 se instaló la Mesa de Gobernabilidad y Seguimiento al Proceso Electoral 2024, integrando a autoridades electorales, partidos políticos e instituciones estatales con el objetivo de coordinar condiciones de seguridad y dar seguimiento al desarrollo de las contiendas.  

La gestión de la política interna involucró además la coordinación interinstitucional con ayuntamientos, el Congreso del Estado, el Poder Judicial, el Gobierno de México y diversos actores sociales frente a movilizaciones y bloqueos en vías de comunicación que impactan las actividades económicas del estado.  

— mizitacuaro