El PRD se opone a la militarización del país y a la imposición de un gobierno autoritario

El acuerdo publicado el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación confirma que la estrategia de seguridad del gobierno federal ha sido un rotundo fracaso.

El PRD rechaza la presencia del Ejército en las calles porque es una lucha histórica que hemos dado desde hace más de 31 años. La verdadera izquierda en Latinoamérica y en el mundo siempre ha rechazado que a las fuerzas armadas se les otorgue facultades extraordinarias que pongan en riesgo los derechos fundamentales de las personas.

El acuerdo firmado el día de ayer materializa el sueño de las peores dictaduras latinoamericanas: la de detener a los ciudadanos.

Normalizar la presencia de los militares en las calles para llevar a cabo funciones de seguridad pública no le hace bien ni a la sociedad, ni al Ejército ni a la Marina. Responsabilizarlos de tareas para las que no fueron capacitados puede derivar en distintas violaciones a los derechos humanos.

Hace casi cuatro años, el entonces Secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, manifestó que los militares no pidieron estar en las calles, que falta compromiso de muchos sectores para resolver el problema de la violencia, pero, sobre todo, que las tareas que les han encomendado desde el año 2006 ha sido a causa de la incapacidad del gobierno para contener el terrible mal que padecemos desde entonces.

Los mismos militares, a quienes les reconocemos el compromiso y el valor que han mostrado al realizar tareas que no eran de su competencia, están conscientes que su presencia en las calles no es la solución. Formalizarla es la salida más fácil que tiene un gobierno sin visión ni estrategia.

Para el PRD, la única ruta para superar la violencia es a través del fortalecimiento de las policías estatales y municipales en todo el país, la erradicación de la impunidad, y la implementación de medidas que realmente fortalezcan la educación y la economía de los ciudadanos, pero no a través de programas clientelares que sólo profundicen la pobreza de los mexicanos.

Llevamos más de un año exigiéndole al gobierno federal que modifique su estrategia de seguridad y lo volvemos a hacer: su decisión de debilitar las policías locales y de recortar presupuesto en materia de seguridad ha provocado que en un año y cinco meses en el país haya más de 44 mil muertos, siendo este gobierno, la administración con más muertos en la historia.

Ahora nos preguntamos dónde está la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, por qué no se ha pronunciado ante esta decisión, por qué no se ha pronunciado ante la Ley Bonilla que violentaba los derechos fundamentales y que el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró anticonstitucional.

Exigimos a la CNDH dé puntual seguimiento a todas y cada una de las acciones que de hoy en adelante realizará el Ejército en las calles.

La decisión tomada de militarizar el país es una clara traición del presidente de la República hacia los millones de personas que depositaron su confianza en él, pero además es una evidente incongruencia de quien durante al menos una década fue el principal opositor de que el Ejército realizara funciones de seguridad pública.

Andrés Manuel López Obrador primero nos decía que de llegar a la presidencia sacaría al ejército de las calles en un periodo no mayor de seis meses; en 2018, ya como presidente electo, cambió su postura y aseguró que las fuerzas armadas regresarían a los cuarteles en máximo tres años.

Sin embargo, las acciones a lo largo de su gobierno, nos han mostrado que su intención es darle más poder al ejército, ya que además de las tareas de seguridad pública que les ha encomendado, también los ha hecho responsables de labores de migración, de aeronáutica, de construcción, de transporte.

Hoy, millones de mexicanas y mexicanos han sido defraudados una vez más.

Nadie sabe cuáles serán las consecuencias de la crisis económica, social, laboral y emocional que dejará el Covid-19 en el país. ¿De qué tamaño estará viendo el gobierno de México la crisis que se avecina que prefiere traicionarse a sí mismo?
Esperamos que la decisión de formalizar la presencia del Ejército en las calles no sea con la intención de silenciar ninguna idea ni ninguna voz.

Por otro lado, expresamos que el PRD se suma al llamado del gobernador Silvano Aureoles Conejo a no relajar las medidas de prevención ante el aumento del contagio del Covid-19 en nuestro estado y en el país.

Les pedimos a todas y todos los michoacanos hacer un último esfuerzo durante esta contingencia, que sigamos poniendo en práctica las medidas que las autoridades han implementando frente al coronavirus, como es la sana distancia y quedarnos en casa.

Solo actuando de manera solidaria y responsable podremos reducir el riesgo de contagio que en los últimos 10 días se ha triplicado y lamentablemente ha duplicado la velocidad del número de defunciones. Está en nosotros vencer juntos a esta enfermedad.

Reconocemos el compromiso y la voluntad que han mostrado las autoridades estatales para combatir la crisis de salud y económica que ha traído este virus a nuestro país y a nuestro estado. Ellas han hecho su parte y ahora nos toca a nosotros responder de la misma manera.

Por último, quiero felicitar a todas las enfermeras de Michoacán y de México en su día internacional. Ellas, con su esfuerzo, compromiso y sacrificio ante la pandemia de Covid-19, son nuestras heroínas. ¡Muchas gracias!