Exigen que no haya doble acción en la Cruzada contra el Hambre

El gobierno estatal debe evitar duplicidad de acciones en relación al programa de Cruzada Contra el Hambre, precisándose una depuración de manera que los recursos públicos puedan optimizarse, apuntó el legislador Francisco Bolaños Carmona, integrante de la Comisión de Desarrollo Social de la LXXII Legislatura local.

El diputado por el distrito de Maravatío apuntó que se precisa claridad en torno a la instrumentación de dicho programa, ya que las cifras que el Ejecutivo ha turnado al Poder Legislativo son generales y vagas, sin que permitan conocer sobre su efectividad.

Recordó que en el último informe de gobierno, sólo se alude que en la Cruzada Contra el Hambre concurren dependencias federales, estatales, municipales y autoridades auxiliares, en la atención de la población objetivo, en donde 13 instituciones estatales sumaron recursos por el orden de dos mil 116 millones de pesos, con los que se realizaron dos mil 534 acciones.

“Como se puede observar la información es absolutamente general, el monto que se pone es tan elevado que no queda claro si hay otros programas de carácter estatal de los que se está exprimiendo el recurso para camuflajear como propias las acciones de la llamada Cruzada contra el Hambre”.

 En ese sentido recordó que en la revisión efectuada por la Comisión de Desarrollo Social, se consideró que existe duplicidad de acciones, ya que el DIF Estatal maneja dos programas encaminados al combate de la desnutrición y el hambre, razón por la cual se sugirió a Ejecutivo la restructuración de los programas para ampliar el número de beneficiarios de manera global y efectiva.

Bolaños Carmona lamentó el desaseo en el registro de los beneficiarios de los programas que se manejan, tano que no se ha cumplido de manera puntual con la publicación del padrón en cada uno de los municipios, lo que no permite certeza en torno a quiénes se están entregando los apoyos.

En el caso del padrón existente, señaló que esté no está actualizado lo que implica un incumplimiento a la normativa vigente, además de que resulta un riesgo la opacidad en su manejo de cara a los procesos electorales federal y local que arrancarán en octubre próximo.