INE pedirá a la ASF revisar todas sus adquisiciones de 2016 a 2026

El Consejo General aprobó medidas de transparencia y control, además de un Plan de Acción Crítico para garantizar las contrataciones del Proceso Electoral Federal Concurrente 2026-2027

Ciudad de México, 6 de noviembre de 2026. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión de la función de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto durante el periodo 2016-2026. La medida responde a los hechos que han derivado en revisiones y señalamientos sobre contrataciones institucionales.

Junto con esa solicitud, el órgano máximo de dirección aprobó acciones para reforzar la integridad institucional, la transparencia y la rendición de cuentas. También contempló mecanismos de denuncia y un seguimiento específico de las contrataciones vinculadas con el Proceso Electoral Federal Concurrente 2026-2027.

El Consejo General avaló además la elaboración de un Plan de Acción Crítico, que busca asegurar la continuidad de las contrataciones indispensables para las funciones del INE y para la organización de la elección en curso.

Colaboración con autoridades y preservación de documentos

El acuerdo establece que el Instituto colaborará plenamente con las autoridades fiscalizadoras. Prevé la preservación inmediata de la documentación física y electrónica relacionada con los procesos de contratación, la integración de un inventario institucional de adquisiciones y la entrega oportuna de información a las instancias competentes.

En ese marco, se precisa que corresponderá exclusivamente a la ASF definir el alcance, la muestra, los procedimientos y las modalidades de la fiscalización que, en su caso, resulten procedentes.

Se propone también revisar el padrón de proveedores del INE y habilitar un mecanismo para recibir información sobre posibles hallazgos. Asimismo, se solicitará información a otras autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, y se evaluarán medidas adicionales para fortalecer los procedimientos de contratación y supervisión.

Según el Instituto, estas acciones buscan facilitar las revisiones, reforzar los controles internos y asegurar la coordinación con las autoridades competentes. El acuerdo señala que cualquier determinación sobre presuntas irregularidades o responsabilidades deberá derivar de los procedimientos previstos en la ley, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.

Consejerías respaldan la revisión

Durante la discusión, la consejera Carla Humphrey Jordan pidió fortalecer los mecanismos de fiscalización y control del gasto, y sostuvo que la revisión de adquisiciones y contratos debe abarcar todo sin excepción. Subrayó que la ciudadanía tiene derecho a recibir explicaciones verificables sobre el destino de los recursos públicos y a conocer las acciones ante posibles incumplimientos o fallas administrativas. La consejera planteó, además, cambios de fondo en la gestión administrativa, entre ellos privilegiar las licitaciones sobre las adjudicaciones directas.

Por su parte, el consejero Arturo Castillo Loza, al referirse a la situación como la crisis más grave en la historia de la institución, respaldó las medidas extraordinarias aprobadas. Mencionó la intervención de la ASF, los mecanismos para detectar riesgos de corrupción y la presentación de las denuncias que procedan. También llamó a la Fiscalía General de la República a valorar las diligencias necesarias y la eventual aplicación del artículo 19 constitucional en delitos de corrupción.

— mizitacuaro