Mary Carmen Bernal: Programas Sociales de la 4T se Elevan a Derechos Constitucionales

Reformas Constitucionales en México: Programas Sociales de la 4T se Elevan a Derechos Constitucionales

Ciudad de México, 23 de Octubre de 2024 – En un paso significativo hacia la consolidación de los programas sociales del gobierno federal en México, la Cámara de Diputados ha aprobado reformas a los artículos 4 y 27 de la Constitución. Estas reformas establecen la obligatoriedad del Estado Mexicano de garantizar una serie de derechos sociales a su población, marcando un hito en la política de bienestar social del país.

Mary Carmen Bernal Martínez, Diputada Federal por el Distrito 03, ha expresado su satisfacción tras la aprobación de estas reformas. Según Bernal Martínez, una de las medidas más destacadas es la inclusión del derecho a una pensión universal para las personas a partir de los 65 años. “Es un logro muy importante que el apoyo a personas con algún tipo de discapacidad se haya elevado a un derecho constitucional”, afirmó la diputada.

Además, las reformas contemplan un apoyo específico para mujeres de 60 a 64 años, asegurando que los recursos asignados a estos programas no se reduzcan en comparación con el año anterior, sino que se mantengan o aumenten.

Las modificaciones también benefician a campesinos, pescadores y pequeños productores. Los pequeños productores recibirán un apoyo anual directo y fertilizantes, mientras que los pescadores de pequeña escala también contarán con un apoyo económico anual. Adicionalmente, el Estado garantizará un jornal seguro, justo y permanente para aquellos campesinos que cultiven tierras con árboles frutales, maderables y otras especies que requieran procesamiento.

La diputada Bernal Martínez destacó que estas medidas forman parte de las iniciativas propuestas por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y reafirmó el compromiso de no defraudar al pueblo mexicano. “Como se lo prometimos, no le vamos a fallar a nuestro cabecita de algodón ni al pueblo de México”, concluyó.

Esta serie de reformas representa un avance significativo en la protección de los derechos sociales en México, consolidando los programas sociales de la Cuarta Transformación como derechos constitucionales y fortaleciendo el compromiso del gobierno con el bienestar de todos los ciudadanos.