Michoacán demanda garantía de acceso a la información pública: Adriana Campos

Michoacán necesita de una estructura administrativa y legal que le permita dar paso a una exigencia social en pro de establecer mecanismos que hagan propicia la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental, la eficacia institucional y el combate a la corrupción y a la impunidad afirmó la diputada Adriana Campos Huirache.

Con la representación de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, la legisladora por Jacona presentó iniciativa de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública  y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante la que se busca ampliar el espectro de sujetos obligados y sus deberes frente a la sociedad, así como homogeneizar las reglas aplicables a los tres niveles de gobierno y a los particulares que reciban recursos públicos o realicen actos de autoridad, lo que dará certeza jurídica a los gobernados y evitará escapes al cumplimiento de las obligaciones.

El Congreso de la Unión expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el 4 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, la cual tiene como objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información pública, de ahí la importancia de armonizar la legislación local con la federal.

Campos Huirache destacó que el reto a enfrentar de esta propuesta de avanzada, es acabar con la impunidad y la corrupción que, desde la omisión y opacidad, generan inmunidad. La transparencia –sostuvo- implica dar a conocer la información pública que obra en los archivos de cada dependencia de gobierno, obligar a las entidades en materia de rendición de cuentas y salvaguardar la protección de datos personales de solicitantes y sujetos obligados.

Agregó que la iniciativa pretende no sólo poner el reloj de la transparencia en Michoacán a la misma hora que el resto de la República, sino ampliar los derechos y hacer efectivas las garantías establecidas a favor de los gobernados en este rubro, haciendo así un aporte importantísimo en la construcción de ciudadanía y buen gobierno.