Modificar Decreto 22 en Michoacán es violatoria a la Ley

“Si bien coincido con la necesidad de la reestructura de los Decretos 22 y 307, lamento que la  aprobación de la misma en el Congreso del Estado no se diera en condiciones de plena certeza jurídica, es decir sin violentar la Ley de Deuda Pública del Estado y la Constitución, así como el que no se asegurara una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos y no se evitara un endeudamiento improductivo para las familias michoacanas por las próximas generaciones”, aseveró el diputado Sergio Benítez Suárez.

Y es que,  aunque el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) declaró su respeto a la decisión de sus compañeros que votaron a favor de la propuesta del Ejecutivo, reiteró su postura en contra del traslado de 800 millones de pesos de deuda de corto a largo plazo, así como los demás aspectos de la propuesta enviada por el Ejecutivo del Estado que incurren en la ilegalidad, como también lo es la pretensión de que  el costo por el refinanciamiento sea mayor al 1 por ciento o el que no se dé la transparencia debida en el tema al rehusar publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado cuál es el uso que se le dará a dichos recursos.

Por ello, agregó, en su momento realizó una propuesta de modificaciones al Decreto para garantizar el cumplimiento de la ley y mayor transparencia, en donde se buscaba ejercer fondos crediticios sólo para el pago de constructores y proveedores a los que se les adeuda actualmente, dejando el resto del capital monetario a disposición de la siguiente administración estatal, todo con el fin de evitar fomentar el uso discrecional de recursos públicos.

El legislador uruapense consideró que era de suma importancia que el Decreto 22 conservara el sentido en el que fue aprobado por primera vez en el Congreso del Estado, es decir, que sea motor de la reactivación económica y la generación de empleos en Michoacán a partir de la ejecución de obra pública y de proyectos de infraestructura de alto impacto social en beneficio de los michoacanos.

Sin embargo, explicó, el Decreto aprobado desvía los propósitos que inicialmente le fueron dados,  en cuanto a que pretende encubrir el uso de estos recursos para gasto corriente así como para diversos fines, diferentes a los autorizados  por el Congreso del Estado, como finalmente ocurrió en la pasada administración estatal sin que aún exista claridad en el destino que tuvo ese dinero.

Asimismo, puntualizó que frenó su aval al decreto a causa de otras anomalías detectadas en el estudio y análisis del mismo, pues el Ejecutivo omitió en el documento especificar las diversas opciones para mejorar los términos y condiciones financieras para la reestructuración y refinanciamientos que argumentaba como justificación de la propuesta,  así como el que no se hacía mención de algún plan de acción integral para el saneamiento y fortalecimiento de las finanzas públicas de la entidad.