Propone diputada Emma Rivera reconocer la Lengua de Señas Mexicana en la Constitución de Michoacán

Morelia, Michoacán, 12 de abril de 2025.— La diputada Emma Rivera Camacho, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso de Michoacán, presentó una iniciativa para incluir en la Constitución local el reconocimiento de la Lengua de Señas Mexicana (LSM) como un derecho fundamental para las más de 36 mil personas sordas en la entidad.

La propuesta busca garantizar no solo el acceso a la comunicación, sino también a la educación, información, justicia y plena inclusión de la comunidad sorda. Rivera destacó que la LSM —reconocida oficialmente en México desde 2005— es una lengua con estructura gramatical propia, esencial para la expresión de ideas y emociones.

“No se trata solo de visibilizar, sino de garantizar derechos. La diversidad no es un obstáculo, es una riqueza. Pero necesitamos leyes que traduzcan esa convicción en acciones concretas”, afirmó la legisladora desde tribuna.

Un paso histórico hacia la inclusión

La iniciativa retoma datos documentados por el diputado Víctor Zurita sobre la población sorda en Michoacán y se alinea con la conmemoración del Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana (10 de junio). Rivera enfatizó que la propuesta no es simbólica, sino un mecanismo para combatir la exclusión histórica de este sector.

“Es tiempo de visibilizar a quienes han sido ignorados. De construir una sociedad donde la discapacidad no sea sinónimo de marginación, sino de reconocimiento y accesibilidad”, subrayó.

Llamado a la acción legislativa y social

La diputada hizo un llamado al Congreso local y a la ciudadanía para respaldar esta reforma, que —dijo— representa un avance en derechos humanos y justicia social.

“Las leyes deben reflejar la realidad diversa de nuestro estado. Esta iniciativa es un paso firme hacia ese objetivo”, concluyó.

La propuesta será analizada en comisiones antes de su posible votación en el pleno. De aprobarse, Michoacán se sumaría a los esfuerzos nacionales por institucionalizar los derechos lingüísticos de las personas sordas.