Servicios Parlamentarios analiza reforma integral para modificar cuatro leyes de salud e inclusión en el estado

Morelia, Michoacán | 20 de mayo de 2026.

La diputada local Nalleli Pedraza presentó ante Servicios Parlamentarios una iniciativa de reforma integral destinada a modificar el sistema de salud pública y privada para las personas con discapacidad en la entidad. El proyecto legislativo contempla modificaciones coordinadas a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley de Salud del Estado, la Ley de Asistencia Social y la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia. La propuesta se elaboró a partir de los planteamientos de los participantes del primer Parlamento con Discapacidad del Estado de Michoacán, entre ellos Alberto Zúñiga López, Luis Antonio Flores Ramírez, Daniela Ayala y Gemma Méndez Delgado.

El documento establece la obligatoriedad de contar con intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) en hospitales públicos, ya sea de forma presencial o remota, además de exigir el registro en video del consentimiento informado para pacientes sordos en procedimientos invasivos. Asimismo, se plantea la creación del Programa Estatal de Salud Sexual Accesible para Personas Sordas con enfoque de discriminación interseccional, en atención a peticiones del Colectivo Sordo LGBT de Michoacán. En el ámbito de los cuidados, la propuesta busca reconocer a las cuidadoras primarias como sujetos de atención prioritaria, definiendo el Síndrome del Cuidador y promoviendo el acceso a servicios de salud mental, apoyos económicos y centros de descanso temporal.

La iniciativa informada por la legisladora también mandata a la Secretaría de Salud a homologar los criterios clínicos para validar dictámenes de especialistas externos certificados, buscando agilizar la obtención de la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad, con énfasis en el espectro autista y condiciones del neurodesarrollo. Adicionalmente, el texto prohíbe el aislamiento forzado de pacientes internados, fija un plazo de 24 meses para adecuar la infraestructura médica de diagnóstico y ordena la implementación del Protocolo Neonatal de Primera Noticia para la vinculación temprana de recién nacidos con discapacidad a rutas de estimulación.

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