Intocables en la Profeco

El piso 18 de la sede central de la Procuraduría Federal del Consumidor, donde despacha el abogado Alfredo Castillo Cervantes, asemeja más al Yuppies de medio kilómetro antes, sobre Circuito Interior, que a una dependencia del gobierno federal.

En la estancia que flanquea al escritorio del titular de la Profeco hay una televisión LED de 40 pulgadas, casi todo el tiempo sintonizada a ESPN. En los muros, camisetas de equipos de futbol -destacan las de Barsa- firmadas por ídolos nacionales y extranjeros. Y al centro, una mesa de ping-pong por la que han pasado comentaristas deportivos, líderes de opinión y los mandos superiores de esa instancia, donde la figura de Humberto Benítez Treviño es apenas un mal recuerdo. Las aficiones deportivas de Castillo Cervantes, sin embargo, no son tan rimbombantes como las camionetas blindadas y los policías con armas largas que deambulan en el estacionamiento. O el nuevo código de vestimenta para los mandos medios y superiores: traje oscuro y corbata roja…

En la azotea y en el sótano del cuartel de la PROFECO se escuchan las mismas historias. En tono de burla, refieren que el anterior titular de la dependencia fue víctima de sus colaboradores, quienes ni siquiera le informaron del fallido operativo en el restaurante Maximo Bistrot que buscó desagraviar a Andrea Benítez. Ese caso no sólo puso fin a la carrera de uno de los funcionarios más respetados entre la clase política mexiquense, sino que incluso llevó a la ruptura lazos familiares, pues Rafael Ochoa, entonces subprocurador jurídico -el único responsable de los hechos- no fue sujeto de sanción administrativa, pero fue expulsado del entorno de Benítez Treviño.

“Lo corrieron por culpa de sus amigos”, sostienen los allegados del nuevo titular de la Profeco, quien en todo caso adolece de los mismos males de su antecesor. Y es que en esos mismos pasillos presumen una y otra vez sus logros en la PGR, donde durante seis meses ocupó la subprocuraduría de control regional, procedimientos penales y amparo.

¿El mayor? Haber planeado y ejecutado el operativo para detener a la expresidenta nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales. Un mérito que debería compartir -en todo caso- con Alberto Bazbaz Sacal, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Sin Bazbaz, es inexplicable el ascenso de Castillo Cervantes, quien además de ser abogado, cuenta con una Licenciatura en Ciencias Políticas. Un amigo común los presentó hace siete años.

Bazbaz, entonces procurador de justicia del gobierno de Enrique Peña Nieto, atendió la recomendación de ese amigo en común y lo mandó de subprocurador regional, en Cuautitlán Izcalli. ¿La investigación que cambió su destino? El esclarecimiento del caso de Paulette Gebara Farah, que paradójicamente provocó la salida de Bazbaz de la PGJEM.

Durante casi un año, Castillo Cervantes estuvo al frente de la Procuraduría mexiquense y a la llegada de Eruviel Ávila como gobernador de aquella entidad, se retiró con discreción. Tomó un año sabático antes de integrarse al equipo de transición de Enrique Peña Nieto, por invitación de Luis Videgaray.

Aun antes del escándalo de la #LadyProfeco, tenía sus días contados como subprocurador, sobre todo por sus constantes fricciones con el equipo del titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, particularmente con la subprocuradora jurídica, Mariana Benítez Tiburcio. El titular de la Profeco sólo lamenta no haber estado en la PGR cuando llegó la información que permitió la captura de Miguel Treviño Morales, el Z-40.

A muchos funcionarios -incluso de primerísimo nivel en el actual gobierno federal- enfrentar a criminales de esa talla les provoca angustias.

Castillo Cervantes aprendió que en el equipo del presidente Peña Nieto no hay lugar para apocamientos y con el mismo vértigo que en su breve paso por la PGR ahora trabaja en la Profeco, sin hacer planes en el mediano y largo plazo, con la mira puesta en otros espacios del gabinete.

Entre sus compañeros, Castillo se ha ganado críticas por la vistosidad de sus operativos -que rayan en lo propagandístico- y su persistencia para quitar “presencias incómodas” para abrir espacios para sus más cercanos, entre ellos José Martín Godoy Castro, quien dejó la coordinación de delegaciones de la PGR para convertirse en el nuevo subprocurador de verificación; Pedro Luis Benítez Vélez, exfiscal en Morelos y ahora a cargo de la subprocuraduría de servicios; y Carlos Hugo Castellanos, exdirector jurídico de la PGJEM, ahora en esas mismas funciones en la Profeco.

Con menos aspavientos que Castillo, el procurador federal de protección al ambiente, Francisco Moreno, también ha apostado por una estrategia mediática que lo lleve a otros derroteros. A diferencia de Castillo, tiene larga trayectoria en el servicio público y en su única experiencia legislativa -fue diputado federal entre el 2009 y el 2012- pudo acercarse al entorno de Luis Videgaray. De no ser por un gazapo sexista, ahora estaría en el Senado de la República.

Castillo, en cambio, apela a sus nexos con Bazbaz y Humberto Castillejos, el consejero jurídico de Los Pinos. Y también, a toda la información que acumuló sobre de los peñistas en los años que estuvo al frente de la Procuraduría mexiquense.

Por: Alberto Aguirre M. / elarsenal.net