Plan para gobernar sin reformas

¿Para qué jugar con las palabras? El gobierno no pagará el costo político de aplicar la ley contra la insurgencia urbana que, definitivamente, le impedirá aplicar las reformas que prometió, aún si logra hacerlas pasar en el Congreso.

Los gobiernos de la democracia tendrán que aprender a gobernar inmovilizados por el “Síndrome Tlatelolco”, una mancha histórica que impide la aplicación de la ley, aun cuando las de Tlatelolco y las marchas actuales sean hechos particulares en contextos históricos diferentes.

Así, la actual administración deberá diseñar un plan B para poder gobernar y lograr una marcha del país lo más decorosa posible dentro de las condiciones violentas que le ha impuso la izquierda, y de cuales se ha desentendido la derecha.

El Presidente asumió el 1 de diciembre convencido (y convenciendo a millones) con la idea de construir un país que mirase más alto, entusiasmado con dos reformas que podrían convertir a México en potencia emergente como Brasil o India:

1.- Una que quitara al SNTE el monopolio educativo que nos tiene en el lugar 48 de 65 naciones evaluadas por la OCDE en lectura, matemáticas y ciencias, estableciendo las bases para el Servicio Profesional de Carrera Docente.

2.- Otra que dejara la Constitución tal como la dejó Lázaro Cárdenas en 1940 para permitir que las empresas privadas exploten yacimientos por encargo del Estado y entreguen a éste todo el petróleo extraído para que lo venda y les dé un porcentaje de la utilidad.

La reforma educativa fue aprobada, pero su principal ley (que obligaba a los maestros a ser evaluados para poder impartir clases) fue retirada en el Congreso por el propio gobierno. Y a la energética le sucederá igual, aunque sea aprobada.

¿Por qué? Porque ya la educativa fue tumbada por los mismos que tumbarán la energética: la insurrección urbana sobre lo que se montó la izquierda institucional (Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD) y la violenta (AMLO y Ebrard) para paralizar al gobierno priista.

“Vamos a tirar la reforma energética con una gran movilización”, advirtió ayer Cárdenas. “El 8 de septiembre vamos a trazar un plan de movilizaciones contra este robo del siglo”, advirtió ayer AMLO.

Entonces, para qué seguir jugando con las palabras: el Estado no cuenta con condiciones políticas para aplicar la ley contra los grupos radicales violentos usados por Cárdenas, el PRD, AMLO y Ebrard. Es decir, tenemos un gobierno maniatado e incapaz de hacer respetar la ley.

Por eso, lo mejor que puede hacer el Presidente es pensar en un plan B para gobernar de otro modo y no perder del todo el sexenio, como les ocurrió a Fox y Calderón. Todavía está a tiempo: le quedan más de cinco años.

Rectificar es de sabios.

por Rubén Cortés  / elarsenal.net