Son los deseos de mortificar a México

Propios y extraños empeñados en descalificar las acciones de México en materia de derechos humanos, deberían intentar dos ejercicios para que comprueben el tamaño de la apertura legal del Estado mexicano y la libertad que brinda en el tratamiento al tema:

1.- Exigir a China abrirles los campos de trabajo forzado de Laogai, donde recluye a miembros de Falun Gong, católicos, disidentes y vagabundos, para fabricar, como esclavos, mercancía que luego compran, ellos mismos, en los dutty free de los varios aeropuertos que utilizan.

2.- Reclamar lo mismo al gobierno izquierdista de Venezuela, donde hay 96 presos políticos en mazmorras de tres por tres metros, cinco pisos bajo tierra y temperaturas bajo cero, sin luz, sonidos, ventanas ni ventilación y sin que los detenidos puedan verse.

Claro que en México existen personas no localizadas: actualmente 23 mil, según el Secretariado del Sistema de Seguridad Pública. Sin embargo, es ético precisar que “no localizadas” es diferente a “desaparecidas” y más aún a  “forzadas”.

Aunque resulte manido, hay que insistir en que desaparición forzada es aquella en la que participan autoridades, como sucedió en el caso Iguala, con el asesinato de 43 estudiantes por orden de un alcalde a sus policías municipales que estaban coludidos con el crimen organizado.

Tampoco es (como repiten los guardias rojos de la red y los apasionados de la corrección política de café con leche) un caso “cerrado por PGR”. Al contrario, está completamente abierto porque lo que cerró PGR fue su propuesta de acusación ante juez, con pruebas, evidencias y testimonios.

Se encuentran en proceso judicial 97 detenidos por la PGR, tras las 386 confesiones de policías y responsables materiales, realizadas delante de sus defensores de derechos humanos, incluida la de El Cepillo, jefe de sicarios de Guerrero Unidos en Iguala, y quien ordenó el homicidio y desaparición.

Lo que se está diluyendo, sin embargo, es la discusión política real sobre el caso Iguala: la participación como autor intelectual de un alcalde del PRD, José Luis Abarca, promovido al cargo, además, por AMLO, líder de otro partido de izquierda, Morena.

Morena tuvo que quitar como su candidato al gobierno de Guerrero a Lázaro Mazón para “no vulnerar al partido”, porque su relación con Abarca “afectó de alguna manera”, ya que siendo alcalde de Iguala (1996-99 y 2002-05) la Policía Municipal quedó a las órdenes del cártel Guerreros Unidos.

Como senador, Mazón impulsó a Abarca. Su hermano, Luis Mazón, fue el primer suplente de Abarca y, por orden de AMLO, Mazón era recolector de firmas contra la reforma energética.

Eso sí es algo que falta. Vamos, ni se ha tocado con el pétalo de un tuit: el papel de la izquierda en el caso Iguala.

POR RUBÉN CORTÉS /elarsenal.net