Se reducirá la discrecionalidad en la asignación de obras: Eduardo Orihuela

Morelia, Michoacán.- Durante las últimas semanas, en la comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, se encuentran en análisis las iniciativas referentes al tema de las Asociaciones Público Privadas (APP). Los actores que presentaron iniciativas respecto a este tema son varios, diferentes grupos políticos y distintos poderes han señalado como importante el diseño de una legislación sobre la materia, indicó el diputado Eduardo Orihuela Estefan.

La relación entre la inversión privada y los diferentes niveles de gobierno tiene como antecedente la figura de empresas contratistas. Los ramos en que más se desarrolla este modelo son obras de urbanización, alcantarillado, drenaje y agua potable. Las tareas principales que realiza el sector privado son las de diseño o proveeduría de tecnología.

Es por lo anterior expuesto, dijo, que la relación capital privado- fondos gubernamentales, no es nueva, por lo que señalar a la figura de la APP como la responsable de la privatización de la infraestructura es un concepto erróneo, como lo es que con este mecanismo el gobierno cederá la rectoría de la promoción del desarrollo de las entidades.

Al contrario de los argumentos antes expuestos, sostuvo el legislador del Partido Revolucionario Institucional, la elaboración de un marco jurídico en el tema de las APP brindará ordenamiento y certeza jurídica en el proceso de designación de obras a terceros privados. En dicho ordenamiento, se listarán los mecanismos y requisitos de la adjudicación de obras, así como los supuestos de revocación, por lo que se abonará a la transparencia de éstos, ya que reducirá la discrecionalidad con la que los funcionarios públicos adjudican las obras. Así, será el Gobierno del Estado el único ente rector de los proyectos de infraestructura que se consideren necesarios para el desarrollo de la entidad.

Al momento de realizar la iniciativa de APP para nuestro Estado, dijo Orihuela Estefan, es necesario indagar en las legislaciones símiles del tema de distintas entidades federativas, por lo que nos encontramos en ese proceso, tomando en cuenta el nivel de desarrollo de los Estados que ya cuentan con dicha legislación vigente.

Como integrante de la comisión legislativa de Programación y Presupuesto, explicó que el motor principal de esta ley, es la certeza de que los Gobiernos estatales no disponen de los recursos para solventar las inversiones necesarias para cubrir los servicios elementales que requiere una entidad. El modelo de las APP muestra una fórmula de inversión con la que el gobierno puede diferir el pago del costo total de los servicios prestados los ciudadanos.

Otra ventaja de este modelo es el aprovechamiento de la experiencia de los inversionistas privados en las áreas de inversión más comunes, desde el diseño de los proyectos hasta su mantenimiento, pasando por el financiamiento, construcción y operación de las obras.

El dictamen que se está generando dentro de la comisión, abundó Orihuela Estefan, consolidará a las APP como un instrumento que genere certeza jurídica al gobierno y a los inversionistas mediante el diseño de instrumentos financieros que garanticen la seguridad de los proyectos y organismos de control que vigilen el cumplimiento de los requerimientos estipulados.

Esto, finalizó, generará confianza entre la totalidad de los actores involucrados: gobierno, sector privado y ciudadanos. El mayor compromiso es la transparencia, asegurar la correcta aplicación de recursos y el cumplimiento cabal de las obligaciones de las partes. Esto garantizará la correcta determinación de la rentabilidad social requerida para las diferentes inversiones.