Suprema Corte de la Nacional declara inconstitucional el delito de “ultrajes a la autoridad”

El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) y Litigio Estratégico en Derechos Humanos,i(dh)eas, valoran positivamente la decisión adoptada el día de hoy por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar inconstitucional el delito de “Ultrajes a la Autoridad”, previsto en el artículo 287 del Código Penal de la Ciudad de México.Durante el pleno, seis de los once ministros se pronunciaron a favor de la inconstitucionalidad del delito por considerar que viola el principio de legalidad.

El delito de “Ultrajes a la Autoridad” ha sido usado de forma reiterada por las autoridades de la Ciudad de México para criminalizar el legítimo ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión. La declaración de la inconstitucionalidad de este artículo, supone un claro llamamiento a las autoridades de la Ciudad de México para eliminar tanto en su legislación como en su práctica las previsiones y actos que atentan contra la libertad de expresión.

A lo largo de las discusiones, la mayoría de los integrantes de la Corte se pronunciaron por la inconstitucionalidad de este tipo penal ya que su definición amplia e imprecisa hacía imposible para la sociedad conocer qué conductas podrían ser delictivasy también según la opinión de algún ministro por suponer una amenaza para la libertad de expresión.

El uso de este tipo penal, y de otros de similar naturaleza, no sólo supone un problema jurídico, sino también responde a una lógica política que plantea responder al descontento social a través de la represión, negando el ejercicio de los derechos humanos de la población.
La decisión de la Corte supone un avance en la defensa de las libertades, no sólo en la Ciudad de México, dónde se han registrado numerosos casos de represión, uso excesivo de la fuerza y criminalización de la protesta social, sino a nivel nacional.

i(dh)eas y el FLEPS consideran que esta decisión debe servir para que en las instituciones de la Ciudad de México, así como en otros estados del país, se deroguen aquellos tipos penales que coartan el ejercicio de la libertad de expresión y la protesta social, y sobre todo aquellas que favorecen el ejercicio de una política punitiva y represiva.