¿Consejero improcedente?

En la historia electoral contemporánea, nadie –entre los actores políticos– ha desobedecido una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ni siquiera Andrés Manuel López Obrador, a quien estigmatizaron por ser “un peligro para México”.

¿Luis Alberto Villarreal querrá ser el primero en hacerlo, cuando le resta solo un mes como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados? Obligado a cumplir con el mandato de los magistrados de la Sala Superior, para designar al consejero electoral, el legislador panista cuenta con escaso margen de maniobra, pues la falta de acuerdos entre los dirigentes nacionales de los partidos políticos hace prácticamente inviable convocar a un nuevo periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, durante el mes que mañana comienza.

Ayer, los magistrados electorales atendieron el incidente sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Electoral, promovido por Rafael Huerta Ladrón de Guevara, diputado federal del PT e integrante de la Comisión de Gobernación en San Lázaro. Esa causa quedó radicada en el expediente SUP-JDC-896/2013 y tuvo como parte acusada a la Junta de Coordinación Política.

Justo hace dos meses, el TE había emitido una resolución para emplazarlo a proponer –“a la mayor brevedad posible”– a designar al noveno integrante del Consejo General del Instituto Federal Electoral, que desde el 5 de febrero pasado sesiona incompleto, por la renuncia al cargo de Sergio García Ramírez.

Incluso antes, la mayoría priista había instado al PAN y al PRD a cubrir la vacante. Cuando el asunto quedó integrado a la agenda del periodo extraordinario de sesiones, parecía que se rompería el impasse, pero ha prevalecido la postura de la oposición, que insiste en llevar esta definición a octubre, cuando la Cámara de Diputados deberá elegir a otros cuatro consejeros, que concluyen su mandato, incluido el presidente del organismo.

El Consejo General del IFE “mocho” ha motivado tres incidentes de inejecución de sentencia. No obstante, según los magistrados electorales, todavía existen posibilidades de un nuevo periodo extraordinario.

“El artículo 45 constitucional nos da la solución”, opinó el magistrado Manuel González Oropeza, “si no se tomara el acuerdo, en un escenario de que no hubiera dictamen definitivo y consenso, el asunto debe someterse al Pleno de manera directa”.

“Todas las autoridades del país estamos subordinadas al imperio de la Constitución y la ley”, estableció la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, quien pareció responder a los planteamientos de la oposición, que amagó con acudir a la Suprema Corte en caso de que el TE atrajera el nombramiento del consejero faltante. “La no conclusión del proceso es lo que ha generado el dictado de una sentencia y las diversas resoluciones incidentales”.

Villarreal mantuvo informado al TE sobre la falta de consensos y las negociaciones para desatorar el asunto, con lo que acreditó –al menos formalmente– que la ejecutoria está en vías de cumplimiento.

Así pues, los magistrados electorales aceptaron que los tiempos jurídicos y los tiempos políticos no están en sincronía y determinaron que es en el seno de la Junta de Coordinación Política donde debe alcanzarse el acuerdo que permita postular al candidato ante el Pleno, donde en última instancia debe tomarse la decisión.

“Lo procedente es requerir a la Jucopo para que alcance el consenso para presentar al Pleno la propuesta correspondiente”, propuso el magistrado Pedro Esteban Penagos, “en caso de no alcanzarse los acuerdos, entonces que se ponga a disposición del Pleno la lista de finalistas para que se proceda a designación del consejero faltante”.

La propuesta de sentencia, elaborada por el magistrado Constancio Carrasco Daza, fue respaldada por unanimidad por el pleno de la Sala Superior del TE.

EFECTOS SECUNDARIOS

ESPUMOSOS. En vísperas de la definición de una reforma hacendaria, vuelve a la agenda pública la discusión sobre la pertinencia de gravar las bebidas refrescantes. Ya se escucharon planteamientos como los formulados por los legisladores Marcela Torres Peimbert (PAN) y Mario Delgado (PRD) quienes insisten en reactivar la propuesta de la legislatura pasada e imponer un impuesto especial a los refrescos, que por cierto ya generan IVA. Además del impacto directo al precio de esos productos –que están fuera de la canasta básica– habría impacto directo contra una de las industrias más boyantes, con sus 135,000 empleados directos y más de un millón de fuentes de trabajo que indirectamente están asociadas a su distribución y venta final, que generan 1.3% del PIB anual. Y mientras, en Dinamarca, el gobierno acaba de eliminar un impuesto similar al que se pretende sujetar a la industria refresquera en México. El argumento es contundente: no contribuyó en una mejora, en materia de salud pública (según las Estadísticas Sanitaria de la OMS 2012 el índice de obesidad en las últimas décadas permanece igual). Para incentivar la economía de Dinamarca, la supresión total de este gravamen se llevará a cabo en dos etapas, con una reducción del 50 por ciento a partir el 1 de julio de 2013, y la eliminación total a partir del 1 de enero de 2014. Con esta medida se reactivarán por lo menos 5 mil empleos en aquel país. Alain Beaumont, Secretario General de la Unión de Asociaciones Europeas de Refrescos (UNESDA por sus siglas en inglés) informó que “los impuestos a los refrescos están siendo progresivamente descartados por los gobiernos y parlamentos de toda Europa porque no han demostrado alcanzar ningún objetivo en el ámbito de la salud pública, sino que únicamente han conseguido destruir fuentes de empleo”.

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Por: Alberto Aguirre  / Correo electrónico: aam@mexico.com /elarsenal.net